Etiquetar a los niños tiene premio: Los beneficios que recibirá quien coloque un diagnóstico a tu hijo

Autismo, TEA, TDAH, TGD, TEL… Colocar una etiqueta a un niño aporta, colateralmente, beneficios nada desdeñables a los profesionales que contribuyen a su colocación. Los justos beneficios que, en el sistema escolar, se conceden para optimizar la atención de un niño con necesidades especiales reales se convierten en un arma de doble filo y pueden obcecar a algunos profesionales, haciendo que, en un giro perverso de la situación, persigan como fin recibir estos beneficios y no tanto la atención adecuada del niño en cuestión. Por tanto, vale la pena conocer en qué consisten estos beneficios y valorar por nosotros mismos en qué grado pueden estar influyendo en el docente.

¿Qué gana un docente con tener a un niño/a en su clase considerado como con necesidades educativas especiales?

De entrada, y como ya se comentó anteriormente, partamos de la base de que el niño en cuestión es percibido como problemático por el docente. Además, en educación infantil, dicho docente, con la única ayuda de un apoyo intermitente, debe hacerse cargo de una clase de unos 25 niños que aún están en una etapa bastante temprana de su desarrollo madurativo. Por si eso fuera poco, en las clases de 3 años, el problema se agrava por la gran inmadurez de los niños, ya que muchos están sufriendo por la separación de sus padres, otros no controlan esfínteres, otros no son capaces de comunicarse efectivamente, muchos tienen rabietas y comportamientos agresivos… En estas circunstancias, no es raro que el maestro se sienta desbordado. Ante este panorama, al docente se le plantean los siguientes beneficios de cara al/los alumno/s problemático/s, si consigue que se le solicite una evaluación psicopedagógica y se otorgue un diagnóstico:

– Concesión de apoyos de Pedagogía Terapéutica (PT) y/o Audición y Lenguaje (AL). Tanto si estas sesiones se imparten fuera como dentro de la clase, durante ese tiempo el profesor no tiene que preocuparse del alumno «problemático». Estos apoyos pueden empezar a recibirse incluso antes de que llegue el diagnóstico, antes incluso de iniciarse la evaluación psicopedagógica (en mi caso, me dieron a firmar al mismo tiempo la solicitud de evaluación y la solicitud de apoyos de PT y AL); pero es condición indispensable tener en marcha un proceso diagnóstico, y concretamente la sospecha de un trastorno grave (dado que la etapa de Educación Infantil no es enseñanza obligatoria y no pueden conceder apoyos por ir flojo en alguna materia como lengua o matemáticas).

– Reducción de la ratio de la clase. Una vez se obtenga el diagnóstico, se instará a los padres a conseguir un dictamen de escolarización, documento que recoge las capacidades de los alumnos con necesidades educativas especiales, con el que se pueden conseguir nuevos beneficios, como la reducción de la ratio de la clase donde se encuentra el niño. Es decir, el maestro tendrá un grupo más reducido (o, en caso de estar ya el aula al máximo, cuando un niño se dé de baja, no se permitirá la entrada de uno nuevo, hasta llegar al nuevo límite), lo que significa un trabajo más cómodo hasta el final del ciclo.

– En caso de autismo o TEA, posibilidad de envío del alumno a aulas específicas, de integración o TEA. Dependiendo del diagnóstico y de lo que establezca el dictamen de escolarización, el niño puede ser enviado durante una cantidad variable de horas a un aula específica (también llamada aula de integración o aula TEA), si el centro dispone de ella. No suele ser habitual, pero cabe esta posibilidad.

– En caso de TDAH, implantación instantánea de un sistema de modificación de conductas. Este sistema, basado en el conductismo, permite una disciplina más férrea, a través de una vigilancia más exhaustiva e individualizada del comportamiento del niño considerado problemático. Con la premisa del diagnóstico y en aras de la disciplina, algunos maestros van más allá y llegan a pedir a las familias que les permitan «reducirlos», o que se limiten a apoyarlo haga lo que haga «y no cuestionar nada de lo que hiciese».

– En caso de TDAH, cabe la posibilidad de que el niño acuda medicado a clase. Si un sanitario lo ha recetado y si los padres lo consideran oportuno, es posible que éstos administren medicación al niño diagnosticado con TDAH para aplacar sus altos niveles de actividad. En el caso de que la medicación se administre antes de entrar a clase, el docente ganará en tranquilidad.

– Justificación y exención de responsabilidad. En cualquiera de los casos, el maestro que logra colocar una etiqueta a un niño gana una justificación para sus actuaciones, que no se cuestionan, y se ve eximido de toda responsabilidad. No es que no haya tenido paciencia / haya abordado el comportamiento problemático de forma errónea / no se haya vinculado con el niño / tenga unas expectativas que no concuerden con el desarrollo madurativo del niño… «Es que el niño es así». Como afirma el psicoterapeuta y trabajador social Jeremy Fink, en referencia a los padres -pero también aplicable a los profesores-, «es en este punto donde las etiquetas y los diagnósticos parecen servir a un propósito (por ejemplo, un hijo mío no se comportaría de esta manera, debe de ser el TDAH)».

Beneficios para sanitarios y pedagogos privados

Si decidimos buscar una segunda opinión fuera del colegio, debemos llevar cuidado. Debido a la lentitud del sistema sanitario público, lo más seguro es que acabemos pidiendo la segunda opinión a un profesional privado, y, en la sanidad privada, son innegables los intereses económicos. Debemos informarnos sobre la filosofía y antecedentes de la consulta médica o del psicólogo en cuestión, ya que muy probablemente dependa más de dicha filosofía la cantidad de diagnósticos que otorgue, y no de las características de los niños que reciba. Un reciente estudio de 2014 analizó diversas clínicas psiquiátricas y concluyó que cada una otorgaba una tasa más o menos fija de diagnósticos, y que, curiosamente, cuando un profesional cambiaba su consulta de una clínica a otra, adaptaba su tasa de diagnósticos al alza o a la baja para que coincidiera con los niveles del nuevo centro.

En el caso del sector privado, debemos llevar especial cuidado con los profesionales que estén también implicados en el tratamiento de los niños (por ejemplo, psicólogos de centros de atención temprana), ya que sus ingresos subirán si hay un diagnóstico, por leve que sea. También debemos estar alerta a las asociaciones empresariales (por ejemplo, una guardería privada que trabaje con un centro de atención temprana, un sanitario que nos recomiende una farmacia, etc.). Y, siempre que nos receten medicación, seamos cautos y recordemos las habituales relaciones entre las empresas farmacéuticas y los facultativos.

Becas a las familias y otras ofertas tentadoras

Al igual que los profesionales reciben beneficios por los diagnósticos psiquiátricos infantiles, no menos son los beneficios que se ofrecen a las familias. Son unos beneficios justos y lógicos cuando existe una discapacidad o un trastorno discapacitante, pero que pueden también convertirse en armas de doble filo y utilizarse para tentar a familias indecisas. En primer lugar, existe una ayuda estatal convocada por el Ministerio de Educación para el alumnado con necesidades educativas especiales. Según las bases de la convocatoria, esta ayuda general puede subvencionar (hasta ciertos límites, según la renta familiar) los conceptos de enseñanza, transporte urbano e interurbano, comedor escolar, residencia escolar, transporte de fin de semana para internos, libros, material didáctico, y reeducación pedagógica o del lenguaje, para niños desde 2 años de edad. También incluye una ayuda única a alumnos de altas capacidades a partir de primaria para la asistencia a programas específicos no gratuitos. Todas estas ayudas se pueden ampliar con ayudas que conceda la comunidad autónoma y/o el municipio (por ejemplo, en mi localidad, los niños considerados con necesidades educativas especiales están exentos del pago del transporte escolar).

En el plano educativo, se «vende» a las familias la idea de que, a través del diagnóstico, conseguirán para el niño una enseñanza individualizada, a través primero de refuerzos de atención temprana, y, después (en primaria), de Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACIs), consistentes básicamente en modificaciones metodológicas para la asimilación óptima de los contenidos. Cabe observar que estas ACIs sí dan un trabajo extra a los docentes, pero de ellas deberán encargarse los tutores de primaria, no quien recomienda el diagnóstico en infantil.

Tristemente, estos beneficios, completamente justificados y necesarios en casos reales, sirven a veces para «acelerar» por lo privado diagnósticos que tardan en llegar por lo público (cuando, si tardan en llegar, es precisamente porque no está del todo clara la existencia de un trastorno).

El único perjudicado: el niño

Hasta aquí, llegar a un diagnóstico parece una situación en la que «todos ganan». ¿Todos? No. Quien saldrá perdiendo será el niño, al que le son ajenos los intereses laborales, justificativos y económicos. Los presuntos beneficios que se conceden al niño se volverán en su contra en forma de limitaciones. Como ya se comentó entre las 10 razones para no aceptar a la ligera un diagnóstico, a veces las limitaciones son autoimpuestas: el niño crece sabiendo que se le considera con necesidades educativas especiales y pensando que no puede hacer por sí solo lo mismo que los demás (convirtiéndose el diagnóstico así en una profecía autocumplida). Sin embargo, las limitaciones que aquí nos ocupan son las impuestas desde el exterior, a modo de «peaje» a pagar a cambio de los presuntos beneficios:

– Mayor carga lectiva o alejamiento de la dinámica de la clase. Si el niño debe salir fuera de clase para recibir refuerzos de PT, dejará temporalmente de participar en los proyectos y actividades, pudiendo quedarse descolgado de ciertos aspectos de la dinámica de la clase (que desconocerá a su reincorporación), e incluso se le puede recriminar que va atrasado con respecto al ritmo de trabajo de la clase o que le faltan muchas fichas por hacer (esto último le ha ocurrido a un niño de mi entorno).

– Conflictos con las notas y repeticiones de curso por sorpresa. Muchas son las familias que refieren problemas en las calificaciones cuando trabajan con ACIs, debido a las limitaciones de estas adaptaciones. En primer lugar, el desarrollo y, por tanto, la eficacia de las ACIs dependen de la implicación del tutor, que es quien debe prepararlas y llevarlas en muchos casos a la práctica. También se debe tener en cuenta la distinción entre ACIs significativas y no significativas. Estas últimas, que son las más habituales, implican un cambio metodológico, pero los contenidos que debe asimilar un alumno con necesidades educativas especiales son los mismos que sus compañeros, con un desfase de un máximo de 2 cursos. La ley no permite transgredir estos límites (por ejemplo, supresión de contenidos o desfase de más de 2 cursos), porque en ese caso la ACI pasa a ser significativa, con impacto en el curriculum y el futuro académico.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación de las ACIs no significativas es a veces confusa. En algunos casos, se realizan adaptaciones metodológicas en el día a día, pero después se pone el mismo para todos, alegando que todos deben asimilar los mismos contenidos (sin tener en cuenta el desfase permitido), y poniéndolo muy difícil a los niños etiquetados. En otros casos, se hace un lío a las familias con el cómputo de las calificaciones. E incluso pueden esperar sorpresas en los finales de ciclo, como en el caso de una familia valenciana que denunciaba que a su hijo con diagnóstico de TEL querían hacerle repetir curso con todas las asignaturas aprobadas por tener una ACI que sólo implicaba que podía cursar un par de asignaturas en castellano en lugar de valenciano.

– Limitaciones académicas graves. El dictamen educativo otorga una calificación al alumno con necesidades educativas especiales según su grado de afectación. Habitualmente, en los casos que aquí nos ocupan, se otorga la calificación B, es decir, escolarización en aulas ordinarias con apoyos, frente a la letra C, referente a la escolarización en aulas específicas o centros de educación especial. Sin embargo, y debido a los recortes, algunos colectivos empiezan a denunciar que, al haber menos personal dedicado a la educación especial y compensatoria, se concentra a los profesionales en las aulas específicas o aulas TEA, conminando a las familias a escolarizar allí a sus hijos. Según denuncia la Plataforma de Toledo Frente a los Recortes en Educación para los Menores Discapacitados, «el cambio de un aula ordinaria en un colegio ordinario a un aula TEA en un colegio ordinario o bien a un centro especial, lleva aparejado el cambio de la letra B a la C en el dictamen del menor. Esto puede parecer un detalle, pero la realidad es una calificación que acompañará al menor de por vida puesto que resulta INAMOVIBLE. Una vez que en el dictamen figura la letra C, no hay “vuelta atrás”, no existen opciones para reincorporar al alumno a ninguna aula ordinaria en un Instituto con independencia de la mejoría experimentada en su evolución o de que se demuestre que su aprendizaje es mayor en un centro ordinario. Sólo puede continuar en aulas o en centros especiales». Contra esta modificación, que puede realizarse «sin que los padres sean  ni siquiera informados de las consecuencias» según afirman, «sólo cabe la vía judicial». Los niños con calificación C reciben durante 10 cursos (equivalentes a la estancia en el colegio y el instituto) la denominada Enseñanza Básica Obligatoria (EBO) y no pueden acceder a la Universidad, sólo a una escasa oferta de ciclos formativos adaptados.

– Efectos secundarios de la medicación, en el caso del TDAH. El Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra, en su edición de noviembre-diciembre de 2013, documenta con numerosas referencias bibliográficas «efectos adversos cardiovasculares, psiquiátricos y endocrinos (algunos raros y muy graves, otros frecuentes con repercusiones ignoradas)», frente a sólo «cierta eficacia en síntomas a corto plazo sin continuidad clara en las variables relevantes».

– Infelicidad y baja autoestima, especialmente en los niños de altas capacidades, por la constante necesidad de «estar a la altura» de su etiqueta. Un estudio de la Universidad de Borgoña (Francia) halló que los niños considerados como de altas capacidades poseen una autoestima académica más baja que otros niños de su edad, sexo y curso, lo que resulta en una autoestima global más baja, y en una mayor puntuación en la escala de síntomas de depresión. Otro estudio de investigadores franceses considera «habitual» que los niños de altas capacidades «sean remitidos al pediatra o al neuropsiquiatra infantil por problemas socio-emocionales y/o bajo rendimiento escolar o inadaptación».

Con todo, lo que más infelicidad y malestar emocional puede causar al niño es la incomprensión por parte de padres y profesores que conlleva un diagnóstico. Como adelantaba Jeremy Fink, «externalizando o separando el comportamiento infantil del propio niño, a menudo a través de un diagnóstico, podemos estar poniéndonos la venda en los ojos y no ver las señales de nuestros hijos, ignorando aquello para lo que necesitan una respuesta coherente». «En consecuencia, pueden acabar aprendiendo que sus necesidades y comportamientos no causan ningún efecto en los comportamientos de los demás y no aprenden a esperar que sus necesidades pueden ser satisfechas en el entorno», lamenta el psicoterapeuta.

Conclusión: Analiza la solicitud de evaluación psicopedagógica desde una perspectiva crítica

En conclusión, los numerosos beneficios potenciales que obtendrán los profesionales con la evaluación y diagnóstico de tu hijo hacen necesaria una mirada crítica a la solicitud de evaluación. Cabe preguntarse: ¿Propondrían la evaluación y diagnóstico de tu hijo si no llevara aparejados estos beneficios? Y, también: ¿sugerirían el diagnóstico de un trastorno mental si no lo exigiera la ley para acceder a servicios de enseñanza individualizada? El Dr. Allen Frances, miembro del comité de redacción del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM), defiende firmemente que «la concesión de servicios escolares de apoyo debería desligarse de unos diagnósticos clínicos de nula fiabilidad y, en su lugar, basarse en las necesidades educativas». «En torno a la mitad de los jóvenes que son ahora diagnosticados [con trastornos del espectro autista] no cumplen realmente los criterios del DSM-IV cuando se examinan minuciosamente. Y los estudios de seguimiento que concluyen que la mitad de los niños dejan de cumplir los criterios también confirman que la inflación diagnóstica es flagrante», asevera.

El Dr. Frances denuncia el sobrediagnóstico de TEA, TDAH y trastorno bipolar infantil en los últimos años. Frances es rotundo al pronunciarse sobre los diagnósticos psiquiátricos de niños y adolescentes: «Diagnosticarlos con precisión presenta una dificultad inherente porque los jóvenes tienen un historial corto; están en un flujo de desarrollo que hace que las manifestaciones sean transitorias e inestables; son sensibles a la presión familiar, escolar y de las amistades; y puede que estén tomando drogas. Si en algún caso deben ser conservadores los diagnósticos, éste es el de los niños».